El 2 de agosto de 2025 empezó una etapa especialmente concreta de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Desde esa fecha se aplican las obligaciones dirigidas a los proveedores de modelos de IA de propósito general, la clase de sistemas capaces de servir como base para asistentes, generadores de texto, herramientas de programación y muchas otras aplicaciones. El cambio no equivale a que toda la ley haya entrado en vigor de golpe. Sí abre, en cambio, el primer marco europeo pensado para exigir responsabilidades a quienes construyen la capa tecnológica sobre la que después trabajan cientos de productos.
Documentar antes de distribuir
La Comisión Europea define estos modelos por su capacidad para desempeñar una amplia variedad de tareas y para integrarse en sistemas posteriores. Esa posición en la cadena explica el enfoque: un desarrollador que adapta un modelo necesita conocer sus límites, requisitos técnicos y condiciones de uso. Las directrices publicadas por la Comisión precisan quién puede considerarse proveedor y cómo se calculan algunos umbrales, pero no sustituyen el texto legal.
Las obligaciones comunes se agrupan en cuatro frentes. Los proveedores deben mantener documentación técnica del modelo, facilitar información a las empresas que lo incorporen a sus servicios, adoptar una política para cumplir la normativa europea de propiedad intelectual y publicar un resumen suficientemente detallado del contenido empleado para el entrenamiento. Si el proveedor está establecido fuera de la Unión, también debe designar un representante autorizado en territorio europeo, salvo las excepciones previstas.
Copyright y resumen de entrenamiento
Para el ecosistema de la cultura escrita, los dos últimos puntos son los más observados. La política de copyright debe explicar cómo se respetan, entre otros aspectos, las reservas de derechos que permiten a los titulares excluir sus obras de determinados usos automatizados. El resumen de entrenamiento persigue una transparencia hasta ahora poco habitual. No obliga a ofrecer una copia de cada conjunto de datos ni a revelar secretos comerciales sin límite, pero debe permitir comprender las grandes categorías y procedencias del material utilizado.
Esa diferencia importa. Saber que un modelo se entrenó con rastreos web, colecciones licenciadas o datos sintéticos no resuelve por sí solo si una novela concreta estuvo presente ni determina la legalidad de cada uso. Proporciona, sin embargo, un punto de partida verificable para autores, editoriales, investigadores y supervisores. La transparencia funciona aquí como infraestructura: no dicta de antemano el resultado de un conflicto, pero hace más difícil que la discusión dependa únicamente de declaraciones genéricas.
Un código voluntario con efectos prácticos
Antes del inicio de esta fase, la Comisión presentó un Código de Buenas Prácticas para la IA de propósito general. Es un instrumento voluntario, elaborado con especialistas y aportaciones de más de un millar de participantes, que organiza compromisos sobre transparencia, copyright y seguridad. Las empresas pueden utilizarlo para mostrar de una manera más previsible cómo cumplen la ley, aunque adherirse no las sitúa fuera de la supervisión ni convierte el código en una autorización automática.
Los modelos considerados de riesgo sistémico tienen deberes adicionales. Entre ellos figuran las evaluaciones del modelo, el análisis y la mitigación de riesgos graves, la comunicación de incidentes relevantes y una protección adecuada frente a ataques. El objetivo es graduar las obligaciones: no se trata igual a un modelo pequeño y especializado que a otro de gran capacidad, difusión y posible impacto sobre infraestructuras o procesos sociales. El asunto encuentra un contrapunto útil en Un billón de páginas después: cómo se conserva la memoria de la web.
Lo que cambia y lo que aún queda abierto
También existe un calendario de transición. Los nuevos modelos comercializados desde agosto de 2025 quedan dentro del nuevo régimen, mientras que los que ya estaban en el mercado antes de esa fecha disponen, con carácter general, hasta agosto de 2027 para adaptarse. La publicación de las directrices en julio buscó reducir la incertidumbre justo antes de comenzar esta fase.
Para los usuarios no aparece de inmediato una etiqueta universal que garantice que cualquier respuesta de una IA es correcta o que todo su aprendizaje está libre de controversia. Tampoco desaparecen los litigios sobre entrenamiento, licencias o atribución. Lo que cambia es el punto desde el que se formulan esas preguntas: los proveedores deben conservar información, describir prácticas y asumir obligaciones proporcionadas a su papel.
La prueba real llegará con la calidad de los resúmenes, la capacidad de las autoridades para auditarlos y el modo en que las empresas posteriores utilicen la documentación recibida. En una tecnología construida en buena medida con lenguaje, imágenes, sonido y código, la gobernanza de los modelos también es una política cultural. Agosto de 2025 no cierra esa discusión, pero la convierte en un procedimiento con fechas, responsables y documentos que pueden examinarse.
